Europa ha condenado ocho veces a España en 2018 por no respetar los Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en 2018 al Estado español en ocho ocasiones por vulneraciones de derechos similares a años anteriores: El caso Otegui y el derecho a un tribunal independiente e imparcial y a un juicio con todas las garantías, la vulneración del derecho a la libertad de expresión, la existencia de malos tratos o tortura y el derecho al respeto de la vida familiar y privada han centrado algunas de las condenas, según relata un informe de Rights International Spain.

Se ha evidenciado además preocupación por Cataluña.

En el balance publicado por la organización no gubernamental se asegura con preocupación que “los casos descritos parecen señalar que España muestra cierto nivel de reticencia en cuanto a la realización efectiva de algunos derechos relacionados con la disidencia política”.

Destaca el caso del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, a quien Estrasburgo dio la razón tras denunciar la “falta de imparcialidad” de la magistrada Ángela Murillo.

Otegi y otros cuatro dirigentes independentistas vascos –Sonia Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería y Arkaitz Rodríguez Torres– justificaron de forma objetiva sus temores de que los jueces “carecían de imparcialidad en su caso”, dicta el balance.

En consecuencia, el TEDH declaró que los demandantes habían visto violado su derecho a un juicio justo.

El exportavoz de Batasuna fue condenado inicialmente a diez años de prisión, después el Supremo los rebajó a seis, además de a diez de inhabilitación para ocupar cargos públicos por “pertenencia a organización terrorista”.

También destaca el caso de Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzábal, los responsables del atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto Madrid Barajas de  30 de diciembre del año 2006 que acabó con la tregua de ETA, quienes alegaron que sufrieron malos tratos en el momento de su captura y al principio de su detención incomunicada en 2008 por agentes de la Benemérita. Según este informe, el Tribunal de Estrasburgo entiende que “las lesiones descritas en los informes médicos presentados por los demandantes habían sido causadas durante su custodia por la Guardia Civil”.

De este modo, el Tribunal consideró que dichos malos tratos no habían sido justificados de forma creíble por el Gobierno. “Se había limitado a desestimar las pretensiones de los demandantes sin tener en cuenta si el uso de la fuerza física había sido estrictamente necesario o proporcional”, explica RIS.

Así, el TEDH entendió que el Estado español había vulnerado la prohibición de la tortura en su vertiente sustantiva por los malos tratos infligidos a los demandantes y procesal por la falta de una investigación efectiva.

El tercer caso referido a ETA se refiere al cálculo de los plazos máximos de cumplimiento efectivo de penas de prisión en España por miembros de ETA y a la cuestión de si los períodos cumplidos en Francia deberían tenerse en cuenta. Estrasburgo observó que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inadmisible el recurso de amparo contra sentencias del Tribunal Supremo, basada en la falta de agotamiento de los recursos ordinarios, había privado a los demandantes de su derecho al acceso a los tribunales.

El TEDH consideró que el hecho de que dichos recursos fueran declarados inadmisibles por esta causa implicaba falta de certidumbre legal. Sin embargo, el TEDH no consideró violado ningún otro derecho, ya que la decisión del Tribunal Supremo no había cambiado la duración máxima del período de prisión, que siembre había sido establecido en treinta años.

• Quemar imágenes del Rey
• Videovigilancia a empleadas
• Ruidos nocturnos
• Citar a un docente acosador
• Libertad de expresión
• Preocupación por Cataluña 

Quemar imágenes del Rey

Otro caso destacable es el de la condena impuesta a Stern Taulats y Roura Capellera por quemar imágenes del rey en una manifestación convocada durante la visita oficial del monarca a Girona en septiembre de 2007. Para el tribunal europeo se trata de una crítica política “y no personal a la institución de la monarquía, en general, y, particularmente, al Reino de España como nación”.

El Tribunal sentenció que las sentencias de prisión dictadas contra los demandantes no habían sido proporcionales para el fin legítimo de la protección de la reputación o derechos de terceros, ni necesarias en una sociedad democrática. Así, el TEDH concluyó que el Estado vulneró la libertad de expresión al condenar a los demandantes.

Videovigilancia a empleadas

El caso de cinco de las trabajadoras de un supermercado familiar en el que los propietarios, antes la sospecha de que la empleadas podrían estar sustrayendo productos, instalaron cámaras de seguridad tanto visibles como ocultas es otra de las condenas del Tribunal.

El informe del RIS explica que, según el TEDH, la videovigilancia “había incumplido el derecho español en materia de protección de datos, en particular, en cuanto a la notificación”.

Ruidos nocturnos

Otro de los asuntos del balance hace referencia al incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Valencia a la hora de tomar medidas adecuadas para “evitar las injerencias en el derecho a la vida privada producidas por el ruido nocturno de terceros en la zona de residencia del demandante”.

El tribunal considera que el Consistorio era consciente del volumen del ruido del vecindario y de las molestias que ocasionaba, por ello, por primera vez, el TEDH dictaminó que se había violado el artículo 3 en su vertiente material, por la que el Estado es responsable de las lesiones sufridas.

Citar a un docente acosador

El balance también menciona el caso de un profesor que fue acusado de acosar a una compañera de trabajo en Castilla y León.

La sentencia de este caso fue publicada en la prensa “sin que el demandante tuviera la oportunidad de solicitar que no saliera su nombre”.

El TEDH determinó que no existía razón de peso para nombrar al profesor, por lo que consideró que no se había respetado su derecho a la vida privada.

Libertad de expresión

Finalmente, aparece el caso de Agustín Toranzo, quien culpó a dos policías de torturas durante el desalojo de un centro social en Sevilla y fue condenado por difamación.

El Estado español debe compensarle con 8.000 euros por daños materiales, morales y honorarios ya que el TEDH determinó que se había violado su libertad de expresión.

El demandante, activista de un centro social ocupado, fue desalojado a la fuerza de un túnel bajo tierra en el que se encontraba sujeto como forma de protesta contra el desalojo judicial del centro, conducta que posteriormente calificó como ‘tortura’ en una rueda de prensa y fue condenado por un delito de calumnias.

El TEDH entendió que los tribunales españoles habían interpretado de forma excesivamente estricta las declaraciones del demandante, que se había referido a ‘tortura’ en el sentido coloquial de excesiva fuerza. El Tribunal entendió que la interferencia en los derechos del demandante no había sido necesaria en una sociedad democrática y concluyó que se había producido una violación de su derecho a la libertad de expresión.

Preocupación por Cataluña 

El informe indica que expertos de derechos humanos han mostrado especial preocupación por la situación en Catalunya.

De hecho, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa realizó una visita a España en septiembre para examinar la situación de los establecimientos policiales y penitenciarios en la comunidad autónoma y evaluar los progresos llevados a cabo desde las últimas visitas en 2011 y 2012.

Como se apunta en el balance, esta visita se centró particularmente en la situación de mujeres internas y de presos en módulos de régimen especial y cerrado.

Además, varios Comités de tratado de la ONU (DESC y Derechos del Niño) publicaron sus observaciones sobre los informes periódicos emitidos por España.

Nuestro país recibió la visita del Comité para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Castigos Crueles Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa, que centró su examen en establecimientos penitenciarios y policiales de Cataluña.

El Estado fue objeto de numerosos informes de diversos organismos internacionales que examinaron, entre otros temas, las medidas-anticorrupción, el racismo y la intolerancia, la situación de los afrodescendientes, la migración y los refugiados, el mecanismo nacional de prevención de la tortura y la situación de la población reclusa. Finalmente, expertos de derechos humanos mostraron su preocupación por la situación en Cataluña, la extradición a China de personas en riesgo de tortura, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y el delito de enaltecimiento del terrorismo y la libertad de expresión. También celebraron la propuesta de una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo y la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció el carácter vinculante de las comunicaciones individuales del Comité de las Naciones Unidas CEDAW.

Fonte: Confilegal

No Caso Khlaifia e outros v. Itália, Corte Europeia de Direitos Humanos decide que a detenção de migrantes irregulares pela Itália é ilegal, mas a expulsão dos mesmos é lícita

No dia 15 de dezembro de 2016, a Corte Europeia de Direitos Humanos emitiu seu julgamento no caso Khlaifia e outros v. Itália, referente à detenção de migrantes irregulares que chegaram à Itália em 2011, durante a Primavera Árabe, e à expulsão desses migrantes para a Tunísia. A Corte decidiu que violações do direito à liberdade e acesso à justiça foram cometidas pela Itália, mas a expulsão para a Tunísia foi regular.

Os autores da ação contra a Itália são os senhores Saber Ben Mohamed Ben Ali Khlaifia, Fakhreddine Ben Brahim Ben Mustapha Tabal e Mohamed Ben Habib Ben Jaber Sfar, todos nacionais da Tunísia. Em setembro de 2011, devido às tensões da Primavera Árabe, eles deixaram a Tunísia em embarcações improvisadas com destino à Itália. Esses barcos foram interceptados pela guarda costeira italiana, que os escoltou para a Ilha de Lampedusa. Lá, os requerentes foram transferidos para um centro de acolhimento e assistência.

Em 20 de setembro de 2011, uma violenta rebelião se iniciou entre os migrantes do centro. As instalações foram incendiadas, de forma que todos os migrantes, incluindo os três requerentes, foram acomodados em um complexo desportivo local. Depois de conseguirem driblar a segurança e chegarem à cidade de Lampedusa, os requerentes e cerca de 1.800 migrantes iniciaram uma manifestação pelas ruas da cidade. Eles foram detidos pela polícia, levados de volta ao centro de acolhimento e depois ao aeroporto mais próximo.

No dia 22 de setembro, os três requerentes foram transportados de avião para Palermo, ao sul da Itália, onde foram acomodados em navios que estavam ancorados no porto dessa cidade. Enquanto Ben Ali Khlaifia foi alocado no navio Vincent, com cerca de 190 outras pessoas, Jaber Sfar e Mustapha Tabal foram acomodados a bordo do Audace, com mais 150 migrantes. Eles permaneceram nos navios por alguns dias, até serem removidos para a Tunísia. Antes da remoção, eles tiveram a identidade e a nacionalidade verificadas pelas autoridades consulares tunisianas.

Ben Ali Khlaifia, Jaber Sfar e Mustapha Tabal iniciaram uma ação contra a Itália alegando diversas violações de seus direitos humanos que foram cometidas no contexto da sua detenção e expulsão para a Tunísia.

Privação de liberdade

Quanto à alegada violação do direito à liberdade, a Corte Europeia de Direitos Humanos concluiu que a detenção de Ben Ali Khlaifia, Jaber Sfar e Mustapha Tabal foi arbitrária. Primeiramente, destacou-se que eles foram detidos pela Itália sem base legal. O Decreto Legislativo no. 286, de 1998, que regula o tratamento e a condição dos estrangeiros na Itália, determina que migrantes devem ser detidos para processamento em centros de identificação e remoção, e não num centro de acolhimento e assistência, como ocorrido no presente caso. Além disso, a Itália argumentou que a detenção dos requerentes teve como fundamento o Acordo Bilateral concluído em 5 de abril de 2011 com a Tunísia. Esse tratado visa controlar o fluxo de migrantes ilegais provenientes da Tunísia para a Itália. A Corte rejeitou esse argumento, porque o texto integral desse acordo nunca veio a público, não sendo, portanto, um instrumento legal acessível aos requerentes.

A Corte também destacou que aos migrantes também foi negado o acesso a habeas corpus, pois eles foram detidos no centro de acolhimento e assistência e nos navios sem uma decisão formal emitida por uma autoridade judicial ou administrativa competente. A detenção foi meramente relatada pelas autoridades policiais, sem que nenhuma decisão tenha sido formalizada.

Diante disso, a Corte Europeia concluiu que o direito à liberdade dos requerentes foi violado, pois a sua detenção foi realizada sem fundamento legal e eles foram privados da garantia do habeas corpus.

Sabendo que a detenção não teve um fundamento jurídico claro e acessível, a Corte também concluiu que a Itália não cumpriu a sua obrigação de informar os requerentes das razões jurídicas que fundamentam a privação de liberdade, os impedindo de efetivamente exercerem o direito de contestar a legalidade da detenção perante uma autoridade competente.

Proibição ao tratamento cruel ou degradante

Os requerentes afirmaram que as suas condições de detenção em Lampedusa e nos navios em Palermo configuraram tratamento cruel ou degradante.

Em sua análise, a Corte destacou que a proibição ao tratamento cruel ou degradante é tão essencial e importante que assume uma natureza absoluta, isto é, não é permitida qualquer derrogação dessa proibição, mesmo nos casos de emergência pública capaz de ameaçar a nação. A Corte também indicou que as condições de detenção devem atingir um nível mínimo de gravidade para efetivamente constituírem tratamento cruel ou degradante. Além disso, a análise deste nível mínimo de gravidade é relativa, dependendo de todas as circunstâncias do caso, tais como a duração da detenção, os seus efeitos físicos e mentais e, em alguns casos, o sexo, a idade e o estado de saúde do detido.

A Corte admitiu que a privação de liberdade possui um elemento inevitável de sofrimento e humilhação, mas apenas isso não é suficiente para configurar tratamento cruel ou degradante. Nesse sentido, o Estado deve assegurar que as pessoas sejam detidas em condições compatíveis com a dignidade humana, que a execução da restrição de liberdade não produza sofrimento numa intensidade que exceda o nível inevitável que é inerente à própria detenção e que a saúde e o bem-estar dos detentos sejam adequadamente garantidos.

Assim, apesar dos Estados terem o direito soberano de controlar a entrada e a permanência de estrangeiros em seu território, este direito deve ser exercido em conformidade com os direitos humanos. Além disso, os Estados devem ter atenção especial à situação de vulnerabilidade dos estrangeiros.

Depois de apresentar esses aspectos gerais, a Corte passou a analisar o argumento da Itália referente à situação excepcional em que esse Estado se encontra – em especial a Ilha de Lampedusa – devido às intensas ondas de migrantes vindos do norte da África, desde 2011. A Corte admitiu que a chegada em massa de migrantes gerou dificuldades organizacionais, logísticas e estruturais para a Itália, tendo em vista a combinação de obrigações a serem cumpridas por este Estado, especialmente quanto ao resgate de navios no mar, o recebimento e acomodação dos migrantes e a proteção daqueles em situações de vulnerabilidade. Esse contexto revela que a Itália teve e está tendo de lidar com muitas dificuldades devido à chegada de um número excepcionalmente elevado de migrantes em seu território, de forma que as autoridades italianas se encontram sobrecarregadas com uma grande variedade de obrigações ligadas à garantia do bem-estar tanto dos migrantes quanto da população local e à manutenção da lei e da ordem.

Apesar desta inegável situação de excepcionalidade, a Corte concluiu que, à luz do caráter absoluto da proibição ao tratamento cruel ou degradante, “um grande afluxo de migrantes não é motivo capaz de eximir um Estado das obrigações que lhe são impostas em decorrência desta proibição”. Nesse sentido, até mesmo o tratamento infligido sem a intenção de humilhar ou degradar a vítima e que decorre, por exemplo, das dificuldades objetivas relativas à intensa chegada de migrantes, pode configurar tratamento cruel ou degradante.

Embora as limitações inerentes à crise dos migrantes não possam, por si só, serem utilizadas para justificar um comportamento contrário à proibição ao tratamento cruel ou degradante, “a Corte concluiu que seria certamente artificial analisar os fatos do caso sem considerar o contexto geral em que esses fatos se inserem. Por conseguinte, na sua apreciação, a Corte também analisará, juntamente com outros elementos, as dificuldades e os inconvenientes que os recorrentes sofreram devido, em grande medida, à situação de extrema dificuldade que as autoridades italianas enfrentaram à época dos fatos relevantes”.

Dito isso, a Corte passou a analisar a situação dos requerentes no centro de acolhimento e assistência em Lampedusa. Quanto a esse ponto, os requerentes alegaram que estiveram expostos a um sério problema de superlotação, higiene inadequada e falta de contato com pessoas externas ao centro, configurando tratamento cruel ou degradante. De fato, em 2009, essas alegações foram confirmadas por uma comissão especial do Senado da Itália, bem como pela Anistia Internacional. Porém, em 2011, as condições do centro já tinham melhorado consideravelmente, de forma que ONGs e entidade internacionais estavam autorizadas a atuar no centro, os salas eram ventiladas, as instalações sanitárias eram adequadas e os internos tinham acesso a tratamento médico constante.

Apesar disso, não se pode negar que o centro de acolhimento e assistência apenas servia para acomodação temporária de migrantes, de forma que não possuía a infraestrutura necessária para acomodá-los por mais do que poucos dias. Porém, a Corte destacou que os requerentes apenas ficaram nesse centro por dois dias, sendo removidos devido ao incêndio seguido da rebelião. Não se pode presumir que as autoridades italianas permaneceram inativas e negligentes, nem se pode exigir da Itália que a transferência dos migrantes fosse organizada e realizada em menos de dois ou três dias. A Corte observou, ainda, que os recorrentes não apresentaram qualquer alegação quanto a maus-tratos deliberados pelas autoridades do centro ou falta de alimento e água em quantidade e qualidade adequadas.

Quanto às condições dos navios Vincent e Audace, a Corte destacou que as alegações dos recorrentes não encontram fundamento em qualquer elemento objetivo, mas apenas no próprio testemunho deles. Depois disso, observou-se que quando um indivíduo é detido em boa saúde, mas não se encontra nesse mesmo estado no momento da soltura, incumbe ao Estado fornecer uma explicação plausível sobre o modo como essas lesões foram causadas. Ademais, quando os fatos relevantes ocorreram enquanto as vítimas estavam sobre total ou parcial controle exclusivo do Estado, deve-se presumir que os danos à saúde dos indivíduos ocorreram durante a detenção. Assim, o ônus da prova fica com o Estado, que deve fornecer uma explicação satisfatória e convincente para esses danos às vítimas, apresentando todas as provas relevantes para fundamentar essa explicação. Se o Estado não cumpre esse ônus, a Corte pode realizar conclusões e presunções desfavoráveis a ele, pois as pessoas sob a custódia do Estado se encontram numa posição de vulnerabilidade e as autoridades têm o dever de protegê-las.

Diante disso, no presente caso, o ônus da prova é da Itália, já que as alegações de maus-tratos se referem à conduta de agentes policiais e de outras autoridades estatais similares e também pelo fato de envolverem fatores corroborantes, como a existência de danos de origem desconhecida e inexplicada. Apesar disso, a Corte concluiu que não há qualquer evidência de tratamento cruel ou degradante contra os requerentes. Isso porque, eles não apresentaram nenhum documento atestando sinais ou efeitos dos alegados maus-tratos ou qualquer testemunho de terceiros que confirmasse a sua versão dos fatos.

Diante do exposto, as condições de alojamento do centro de acolhimento e assistência em Lampedusa e dos navios Vincent e Audace não atingiram o nível mínimo de gravidade exigido para que o tratamento pela Itália seja considerado desumano ou degradante.

Proibição de expulsões coletivas

O Artigo 4º do Protocolo nº 4 da Convenção Europeia de Direitos Humanos proíbe expulsões coletivas de estrangeiros. Diante disso, os requerentes alegaram que eles e os outros migrantes foram expulsos coletivamente, violando esse dispositivo.

Em seu julgamento, a Corte relembrou que a expulsão de vários estrangeiros por decisões similares não constitui uma violação da proibição de expulsões coletivas, desde que a cada um dos estrangeiros tenha sido dada a oportunidade de apresentar argumentos contrários a sua expulsão. Além disso, as autoridades devem considerar esses argumentos e as condições pessoas do estrangeiro ao ponderar sobre a expulsão.

A Corte destacou que os requerentes passaram por dois processos de identificação: um ao chegarem ao centro de acolhimento e assistência de Lampedusa e outro pelas autoridades consulares da Tunísia antes de embarcarem no avião para esse país. Na identificação em Lampedusa, a Itália providenciou diversos profissionais para auxiliar e garantir que o processamento dos migrantes fosse adequado. A identificação foi acompanhada por 99 operadores sociais, três assistentes sociais, três psicólogos e oito intérpretes e mediadores culturais.

A Corte observou que durante o confinamento dos requerentes nos navios e no centro de acolhimento e assistência de Lampedusa, eles efetivamente tiveram a oportunidade de notificar as autoridades das razões pelas quais deveriam permanecer na Itália. De fato, setenta e dois migrantes detidos no manifestaram a sua intenção de requerer asilo, e foram, depois disso, transferidos para outros centros de acolhimento para que esse pedido fosse analisado pela autoridade competente.

A Corte salientou também que a proibição de expulsões coletivas não garante o direito a uma entrevista individual em todas as circunstâncias. Nesse sentido, a expulsão não será considerada irregular se for demonstrado que a cada um dos estrangeiros foi dada a possibilidade de apresentar argumentos contra a sua expulsão e que esses argumentos foram analisados pelas autoridades estatais. Sabendo que os requerentes permaneceram entre nove e doze dias em solo italiano, a Corte concluiu que eles efetivamente tiveram a possibilidade de chamar a atenção das autoridades nacionais para qualquer circunstância susceptível de modificar o seu estatuto, os habilitando a permanecer na Itália. Além disso, a segunda verificação de identidade perante o cônsul da Tunísia foi uma nova oportunidade para que qualquer argumento fosse apresentado.

Assim, a expulsão dos requerentes não pode ser considerada coletiva, pois eles tiveram a oportunidade de apresentar razões para justificar a impossibilidade de seu retorno à Tunísia e o não fizeram.

Direito ao acesso à justiça

Os requerentes também alegaram a violação do seu direito ao acesso à justiça, já que, segundo a lei italiana, o recurso possível contra a ordem de expulsão no presente caso não teria efeito suspensivo. Quanto a esse argumento, a Corte destacou que a Convenção Europeia de Direitos Humanos não impõe uma obrigação absoluta aos Estados partes de garantir efeito suspensivo ao recurso contra uma ordem de expulsão. Esse tratado apenas exige que o estrangeiro sujeito ao procedimento de expulsão tenha a possibilidade de impugnar a decisão em questão perante uma autoridade doméstica independente, imparcial e competente para realizar uma análise satisfatória de todos os pontos levantados pelo indivíduo. No presente caso, o Tribunal de Justiça de Paz de Agrigento, o órgão incumbido de analisar os recursos contra as ordens de expulsão, satisfez essas exigências.

A ausência de efeito suspensivo de um recurso contra uma decisão de expulsão não constitui, por si só, uma violação do direito ao acesso à justiça. Uma violação nesse sentido ocorreria apenas se os requerentes tivessem alegado que há um risco real de sofrerem violações do seu direito à vida e da proibição de tortura e tratamento cruel e degradante se retornassem ao país de origem. Já que nenhuma alegação nesse sentido foi apresentada, a inexistência de efeito suspensivo do recurso não viola o direito ao acesso à justiça.

O julgamento completo pode ser lido, em inglês, aqui.

Fonte: CEDIN

Corte Europeia de Direitos Humanos decide que sentença perpétua não viola a proibição de tratamento desumano ou degradante da Convenção de Direitos Humanos

Nesta semana a Corte Europeia de Direitos Humanos julgou o caso Hutchinson v. the United Kingdom, decidindo que a sentença perpétua não viola a Convenção dos Direitos Humanos. Reitera-se que a Convenção não proíbe a imposição de sentença perpétua para os condenados por crimes especialmente graves, como, por exemplo, assassinato. Contudo, para ser compatível com a Convenção deve existir a perspectiva de libertação para o prisioneiro e possibilidade de revisão da sua pena.

Ocorre que a Corte analisou então a situação e dispôs que é a possibilidade de revisão de sentença e a possibilidade de libertação que torna a sentença perpétua de acordo com o artigo 3 da Convenção dos Direitos Humanos. O fato de o sistema interno permitir que o processo de reexame seja iniciado em qualquer momento, pode ser considerado como sendo do interesse dos prisioneiros, uma vez que não são obrigados a esperar por um número determinado de anos para uma primeira revisão ou posterior. Em todo o caso, foi à situação individual de H. Hutchinson que esteve no centro do presente acórdão, e não foi sugerido que ele tivesse sido impedido ou dissuadido de solicitar ao Secretário de Estado, a qualquer momento, ser considerada sua libertação.

Saiba mais:  https://goo.gl/9b16dD

Fonte: CEDIN

Corte Europeia decide que proibição de prisioneiro de comparecer ao funeral da mãe viola direito à vida familiar

Na última terça-feira (06/12), a Corte Europeia de Direitos Humanos emitiu seu julgamento no caso Kanalas v. Romênia, no qual concluiu que esse Estado violou o direito humano à vida familiar de Florian Kanalas, por rejeitar o pedido deste para temporariamente sair da penitenciária onde cumpre pena, a fim de comparecer ao funeral de sua mãe.

O autor do processo, Florian Kanalas, nasceu em 1969 e, desde 2011, cumpre pena privativa de liberdade na Romênia. Ele foi criminalmente condenado a 12 anos e 6 meses de prisão pelo crime de tentativa de homicídio. Posteriormente, sua pena foi reduzida para 10 anos. Em 2014, Kanalas solicitou ao diretor da penitenciária de Oradea, onde cumpria pena, uma permissão para sair temporariamente da prisão para comparecer ao funeral de sua mãe. Contudo, sua solicitação foi indeferida sob as alegações de que o tempo de pena ainda a ser cumprido por ele era muito longo e que ele já havia sido recompensado naquele mês por bom comportamento. Em resposta, Kalalas apresentou uma denúncia contra o diretor da penitenciária de Oradea por abuso de autoridade, mas o promotor competente decidiu não iniciar o processo criminal.

Diante disso, Kanalas protocolou uma petição perante a Corte Europeia de Direitos Humanos solicitando reparação pela violação do seu direito humano à vida familiar, que ocorreu quando as autoridades romenas o impediram de comparecer ao funeral da mãe.

Em seu julgamento, a Corte observou que o indeferimento da solicitação feita por Kanalas ocorreu com fundamento numa lei em vigor na Romênia: a Lei no. 254/2013, que delimita os direitos das pessoas em situação de cárcere. Também se destacou que ao impedir a saída de Kanalas da penitenciária, a Romênia agiu com o propósito de atingir um objetivo legítimo, qual seja impedir que ele cometa novas infrações e manter a paz social.

Depois disso, passou-se a analisar a necessidade dessa medida em uma sociedade democrática. A Corte iniciou sua fundamentação indicando que políticas de reabilitação de prisioneiros são legítimas à luz dos direitos humanos. Destacou-se que as saídas temporárias dos detentos são um aspecto importante para a sua reabilitação social, mesmo nos casos de pessoas condenadas por crimes violentos. Além disso, quanto aos pedidos de saída temporária para fins familiares, a natureza do crime ao qual o detento foi condenado, bem como o tempo da pena não são elementos relevantes para justificar o indeferimento do pedido.

A Corte também destacou que Kanalas tem apresentado um comportamento pacífico na prisão, tendo recebido diversos benefícios em decorrência disso. Como último ponto, o julgamento indicou que as autoridades prisionais romenas nem chegaram a considerar a possibilidade de indicar uma escolta para acompanhar Kanalas ao local do funeral, de forma a impedir qualquer tentativa de fuga ou ato de desordem.

Pelos motivos expostos, a Corte concluiu que a Romênia não ponderou adequadamente o direito à vida familiar e os interesses coletivos de manter a segurança e a ordem. Assim, o indeferimento do pedido de Kanalas não pode ser considerado uma medida necessária em uma sociedade democrática, constituindo uma violação do direito à vida privada. Indicou-se, por fim, que o direito dos detentos de sair temporariamente das penitenciárias não se encontra expressamente previsto na Convenção Europeia de Direitos Humanos, sendo cabível às autoridades nacionais examinar o mérito de cada pedido individualmente.

O julgamento completo, em francês, pode ser lido aqui.

Fonte: CEDIN

Corte Europeia de Direitos Humanos decide que exoneração de servidores públicos por terem criticado o governo é lícita

Os autores do processo são todos nacionais da Armênia que ocupavam diferentes cargos no Ministério dos Relações Exteriores desse país. São eles: Vladimir Karapetyan (ex-Chefe do Departamento de Imprensa e Informação), Martha Ayvazyan (ex-Chefe da Divisão da OTAN de Controle de Armas e do Departamento de Segurança Internacional), Araqel Semirjyan (ex-Advogado do Departamento Europeu) e Karine Afrikyan (ex-Chefe da Divisão sobre Estados Unidos e Canadá do Departamento Americano). O presente processo diz respeito à exoneração desses servidores públicos depois de terem emitido uma declaração pública criticando o resultado da eleição presidencial armênia de fevereiro de 2008.

No dia 19 de fevereiro de 2008, a eleição presidencial da Armênia aconteceu e o candidato vencedor foi o Primeiro Ministro Serzh Sargsyan, que era apoiado pelo Presidente à época. O candidato da oposição, Levon Ter-Petrosyan, afirmou que a eleição foi fraudulenta, ensejando protestos por toda a Armênia e no exterior contra Sargsyan. No dia 23 de fevereiro de 2008, vários embaixadores armênios em países estrangeiros emitiram uma declaração conjunta denunciando as irregularidades da eleição e expressando seu apoio aos manifestantes. Todos esses embaixadores foram exoneradas de seus cargos no dia seguinte.

No dia 24 de fevereiro de 2008, os autores do processo também emitiram uma declaração conjunta com o seguinte texto: “Ao aderir à declaração de nossos colegas do Ministério dos Relações Exteriores, manifestamos a nossa preocupação com a situação criada na Armênia, repleta de desafios indesejáveis internos e externos, e nossa indignação contra a fraude do processo eleitoral, que obscurece a vontade do nosso país e de nossa sociedade de conduzir uma eleição presidencial civilizada, justa e livre. Como cidadãos da Armênia, exigimos que sejam tomadas medidas urgentes para efetivar as recomendações contidas nos relatórios da missão observadora internacional, bem como de outras organizações internacionais relevantes. Somente agindo de acordo com a letra e o espírito da lei podemos criar democracia e tolerância na Armênia, e conquistar ao país uma boa reputação no exterior.” Essa declaração foi assinada pelos autores, com a indicação de seus respectivos cargos. O documento teve ampla circulação nos meios de comunicação armênios.

Em 25 de fevereiro e 3 de março de 2008, o Ministro das Relações Exteriores da  Armênia adotou decretos exonerando Vladimir Karapetyan, Martha Ayvazyan, Araqel Semirjyan e Karine Afrikyan de seus cargos. Como fundamento para a exoneração, os decretos mencionaram o Estatuto do Serviço Diplomático armênio, que proíbe que qualquer diplomata use de sua capacidade oficial e instalações de trabalho em benefício de partidos e organizações não-governamentais, ou para executar “outras atividades políticas ou religiosas”.

Eles contestaram a decisão perante o poder judiciário armênio, alegando, entre outros, que era ilegal exonerar um funcionário público de seu cargo com base em suas convicções ou opiniões. A corte competente declarou improcedente o pedido, indicando que a conduta dos quatro ex-funcionários públicos se enquadrou na proibição acima descrita do Estatuto do Serviço Diplomático, sendo, portanto, regular a exoneração. Eles apelaram da decisão, mas o recurso foi rejeitado.

Depois disso, Vladimir Karapetyan, Martha Ayvazyan, Araqel Semirjyan e Karine Afrikyan iniciaram uma ação na Corte Europeia de Direitos Humanos alegando que a exoneração de seus cargos constitui uma interferência arbitrária em seu direito humano à liberdade de expressão, já que eles foram demitidos simplesmente por terem expressado suas opiniões. Eles fundamentaram sua pretensão em dois pontos principais: (i) a exoneração não tinha sido prevista em lei de forma suficientemente precisa e (ii) a demissão não foi necessária.

Se a exoneração dos funcionários é medida prevista em lei

Quanto ao primeiro ponto, os autores admitiram que a sua exoneração estava prevista no Estatuto do Serviço Diplomático armênio, mas a disposição referente aos critérios para a realização das exonerações não é suficientemente precisa, sendo, portanto, incapaz de garantir previsibilidade das condutas estatais. Segundo eles, a expressão “outras atividades políticas” é excessivamente vaga, e o adjetivo “políticas” tem um escopo extremamente amplo, abrangendo praticamente todas as atividades dos funcionários públicos no âmbito social e profissional. Assim, a redação do Estatuto do Serviço Diplomático não é capaz de prevenir arbitrariedades pela Armênia, como ocorrido no presente caso.

A Corte Europeia rejeitou a argumentação dos autores. Segundo ela, embora a expressão “outras atividades políticas” seja em certa medida vaga, ela não deixa de ser suficientemente clara e capaz de garantir previsibilidade. A Corte também destacou que era esperado dos quatro funcionários saber que a publicação da declaração de 24 de fevereiro de 2008 poderia ser considerada como causa de exoneração nos termos do Estatuto do Serviço Diplomático. Além disso, se eles tivessem dúvidas quanto ao escopo da referida lei, eles deveriam ter obtido assessoria jurídica ou não terem emitido a declaração.

Se a exoneração dos funcionários é medida necessária em uma sociedade democrática

Quanto à necessidade, os autores alegaram que a sua declaração tinha um conteúdo politicamente neutro e seu objetivo era efetivar valores consagrados na Constituição armênia e nos tratados internacionais em que a Armênia figura como parte. A declaração, de forma alguma, objetivava apoiar partidos políticos. Além disso, eles redigiram e assinaram a declaração como cidadãos da Armênia e não no exercício de seus cargos governamentais.

A Corte Europeia não concorreu com os argumentos dos autores. Ela destacou que a declaração de 24 de fevereiro de 2008 fazia referência explícita aos cargos oficiais dos quatro funcionários. A declaração expressamente indicava a “indignação” dos funcionários “contra a fraude do processo eleitoral”. Eles também exigiram a tomada de  “medidas urgentes para efetivar as recomendações contidas nos relatórios [internacionais]“. Diante disso, a Corte concluiu que a declaração tinha um conteúdo essencialmente político, já que fazia uma avaliação política do processo eleitoral da Armênia e dos eventos ocorridos nesse país logo depois da eleição.

A Corte admitiu que funcionários públicos inquestionavelmente possuem direito à liberdade de expressão, mas o exercício desse direito sofre impactos em decorrência dos deveres e responsabilidades das funções desses profissionais. Diante disso, os Estados possuem um certa margem de apreciação para restringir a liberdade dos funcionários públicos de exercerem atividades políticas, com o objetivo de garantir uma administração pública politicamente neutra. No entanto, essas restrições não podem ser aplicadas de uma forma genérica, negando a essência do direito à liberdade de expressão e sem levar em consideração as funções e o papel do funcionário público em questão e, em particular, as circunstâncias do caso concreto.

Se referindo especificamente aos diplomatas, a Corte reconheceu que é direito de qualquer sociedade democrática ter um corpo diplomático politicamente neutro. Destacou-se também que o vínculo especial de confiança e lealdade entre um funcionário público e o Estado se revela particularmente importante no caso dos diplomatas, cujas funções específicas inexoravelmente exigem lealdade ao Estado. Este é um elemento especialmente importante nas sociedades que se encontram no processo de construção de instituições para efetivar uma democracia pluralista.

No tocante ao presente caso, a Corte fez referência à história da Armênia para afirmar que as autoridades nacionais desse Estado podem, a fim de consolidar a democracia no país, tomar medidas para garantir um corpo politicamente neutro de funcionários públicos, especialmente o corpo diplomático. Nesse sentido, restrições à liberdade dos funcionários públicos de exercerem atividades políticas não podem ser consideradas ilegais. Diante das circunstâncias particulares do caso em apreço, a Corte não identificou nenhum elemento susceptível de questionar a legalidade da exoneração dos autores do presente processo. O julgamento destacou que embora a demissão tenha sido uma medida severa, ela não pode ser, de formal alguma, considerada desproporcional. Concluiu-se, por fim, que não houve violação à liberdade de expressão dos autores do processo.

Os juízes Sicilianos e Mahoney apresentaram uma opinião concorrente conjunta, e o juiz Lazarova Trajkovska apresentou uma opinião dissidente.

O julgamento completo e as opiniões individuais, todos em inglês, podem ser lidos aqui.

Fonte: CEDIN

Corte Europeia decide que prolongadas restrições ao uso de imóvel durante avaliação para tombamento viola direito à propriedade

Em 4 de outubro de 2016, a Corte Europeia de Direitos Humanos tornou público o seu julgamento no caso Petar Matas v. Croácia, no qual concluiu-se que restrições ao pleno gozo da propriedade, durante processo de tombamento, devem ser impostas por um tempo razoável e dando direito de manifestação ao proprietário.

Os fatos relevantes ao caso remetem à 2001, ano em que Peter Matas, o autor da ação, adquiriu um imóvel estatal na cidade de Split, localizada no sudoeste da Croácia. O Sr. Matas transformou o seu edifício numa oficina de automóveis. Em março de 2003, o Departamento de Conservação do Patrimônio Cultural de Split emitiu uma medida de proteção preventiva, pelo prazo de três anos, em relação ao domicílio da oficina, sob o argumento de que o imóvel poderia ser um raro exemplo de arquitetura industrial clássica. A medida foi implementada para proteger o edifício enquanto a avaliação definitiva sobre o seu valor cultural fosse conduzida pelas autoridades competentes. Alegando que não foi possível encontrar uma parte dos dados cadastrais do edifício em questão, o Departamento de Conservação, em janeiro de 2007, prorrogou a medida de proteção por mais três anos.

As duas medidas foram anotadas no registro do imóvel, mas o Sr. Matas não foi notificado de nenhuma delas. Ao tomar conhecimento da segunda medida preventiva, em outubro de 2007, ele protocolou uma petição no Ministério da Cultura alegando que, segundo a Lei do Patrimônio Cultural da Croácia, medidas dessa natureza não podem exceder três anos. O seu pedido foi julgado improcedente em janeiro de 2008. Depois disso, ele deu início a uma nova ação administrativa contestando a legalidade das medidas preventivas e solicitando compensação pelos seus prejuízos devido a impossibilidade de vender o imóvel e de modificar as atividades empresariais no mesmo (esses restrições foram impostas pelas medidas restritivas do Departamento de Conservação). Mais uma vez, seu pedido foi julgado improcedente. Ele recorreu à corte constitucional da Croácia, mas a decisão administrativa foi mantida.

Nesse meio tempo, o Departamento de Conservação do Patrimônio Cultural de Split decidiu que o edifício da oficina não deveria ser registrado como patrimônio cultural. Apenas depois disso, as medidas de proteção deixaram de vigorar.

O Sr. Matas iniciou a ação na Corte Europeia reclamando reparação pelos danos ao seu direito humano à propriedade. Em seu julgamento, a Corte destacou que embora as medidas de proteção preventiva não privaram o Sr. Matas do direito de usar a sua oficina, elas impuseram uma série de restrições significativas ao gozo de sua propriedade, incluindo o seu uso comercial como ele bem entendesse. Essas medidas encontram fundamento na lei vigente da Croácia (a Lei do Patrimônio Cultural) e objetivavam alcançar um objetivo legítimo, qual seja proteger e promover as raízes históricas, culturais e artísticas de uma região e seus habitantes. Apesar disso, a Corte decidiu que essas medidas não respeitaram os critérios de validade impostos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Em primeiro lugar, nos seis anos em que as duas medidas de proteção preventiva estavam em vigor, nenhuma medição, avaliação ou estudo foi conduzido quanto ao valor cultural do imóvel do Sr. Matas. A Corte concluiu que a justificativa da Croácia para o prazo prolongado das medidas preventivas, baseada na incapacidade de obter um trecho do registro do edifício, não é razoável. A Corte relembrou que os dados cadastrais de imóveis são informações públicas e que podem ser facilmente obtidos via Internet e outros meios.

Além disso, a forma como as restrições ao uso da propriedade do Sr. Matas foram impostas pelas autoridades croatas se revela repleta de vícios processuais relevantes. Ao adotar as medidas de proteção em março de 2003 e janeiro de 2007, as autoridades não informaram o Sr. Matas dos motivos que justificaram a imposição de tais medidas. Ele nem mesmo foi comunicado das mesmas. Em decorrência disso, a Croácia descumpriu a sua obrigação de considerar o ponto de vista do Sr. Matas sobre a questão. Ademais, a Croácia também violou o direito à propriedade ao não avaliar se a aplicação prolongada das medidas de proteção preventiva poderiam afetar desproporcionalmente esse direito. Por fim, todos os pedidos de compensação feitos pelo Sr. Matas em relação aos seus dados foram indeferidos.

Pelos motivos acima expostos, a Corte Europeia concluiu que a Croácia violou o direito à propriedade do Sr. Matas.

O julgamento completo, em inglês, pode ser encontrado aqui.

Autor: Bruno de Oliveira Biazatti

Fonte: CEDIN

Corte Europeia de Direitos Humanos decide que lei proibindo detentos de votar é ilegal

No dia 21 de julho, a Corte Europeia de Direitos Humanos (CtEDH) emitiu seu julgamento no casoKulinski e Sabev v. Bulgária, no qual decidiu que a proibição geral e automática ao direito de voto dos presos na Bulgária é medida desproporcional que viola os direitos humanos. Relevante notar que a Constituição do Brasil, em seu artigo 15, inciso III, também proíbe os condenados por sentença criminal transitada em julgado de votar enquanto durarem os efeitos da condenação. Essa proibição é similar àquela declarada ilegal pela CtEDH.

Os autores do processo são dois nacionais da Bulgária: Krum Kulinski e Asen Sabev. Condenado por vandalismo, Kulinski cumpriu pena entre 6 de novembro de 2008 e 30 de dezembro de 2009. Condenado por roubo e homicídio em 2003, Sabev está cumprindo uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de comutação. Enquanto ambos estavam detidos, eleições para congressistas do Parlamento Europeu e do Parlamento Búlgaro ocorreram. Contudo, de acordo com a Constituição da Bulgária, todos os prisioneiros do país não possuem direito de voto enquanto estiverem cumprindo pena, de forma de nenhuma urna de votação esteve disponível para Kulinski e Sabev na penitenciária.

Diante disso, eles iniciaram uma ação contra a Bulgária na CtEDH pretendendo a revogação do dispositivo constitucional que impede o exercício do direito de voto por condenados no território búlgaro. Segundo eles, a Constituição búlgara viola o artigo 3º do Primeiro Protocolo Adicional à Convenção Europeia de Direitos Humanos, que afirma o seguinte: “As Altas Partes Contratantes obrigam-se a organizar, com intervalos razoáveis, eleições livres, por escrutínio secreto, em condições que assegurem a livre expressão da opinião do povo na eleição do órgão legislativo”.

Em seu acórdão, a CtEDH determinou que a lei constitucional em questão constitui uma limitação ao direito de voto das pessoas detidas na Bulgária. Para tanto, ela passou a analisar se o referido diploma legal respeita os critérios de legalidade a serem observados nos casos de limitações ou restrições do exercício de direitos humanos.

Primeiramente, a Corte destacou que a proibição ao voto de prisioneiros na Bulgária foi adotada com o propósito legítimo de promover o Estado de Direito e a responsabilidade cívica dos nacionais búlgaros. Contudo, a CtEDH concluiu que limitação ao voto imposta pela Bulgária é desproporcional em relação aos objetivos que ela pretende alcançar. A decisão observou que a suspensão do direito ao voto dos penitenciários ocorre por meio de uma proibição geral e inequívoca, que é aplicável a todas as pessoas condenadas e que se encontram em detenção.

A Corte observou que a lei interna da Bulgária obsta o direito ao voto de pessoas condenadas independentemente das circunstâncias individuais de cada um dos detidos e ignorando outros elementos relevantes como a conduta dos condenados e a gravidade das infrações cometidas. Em resumo, a Bulgária impôs uma proibição geral, automática e indiscriminada do direito humano ao voto de pessoas detidas, fato que torna essa medida inegavelmente desproporcional e, portanto, ilegal.

No Brasil, o artigo 15, inciso III da Constituição de 1988 também possui uma proibição ao voto demasiadamente genérica e inequívoca. Esse dispositivo impede o voto de pessoas condenadas a todos os tipos de infração legal de natureza penal, seja crimes dolosos, culposos e até mesmo contravenções penais. Essa proibição alcança, assim, toda e qualquer condenação criminal definitiva, sendo que seus efeitos se limitam ao período de duração das respectivas penas (Cf. CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional, 14ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p.830-831).

Aplicando a decisão proferida no caso Kulinski e Sabev v. Bulgária ao artigo 15, inciso III da Constituição de 1988 concluiu-se que esse dispositivo é também desproporcional e, assim, ilegal à luz do direito humano ao voto. De forma similar à Constituição búlgara, a Carta Magna brasileira também impõe uma proibição ao voto automática e indiscriminada, aplicável a todos aqueles que sofreram uma condenação criminal com trânsito em julgado, pelo tempo que essa condenação estiver surtindo efeito. A Constituição de 1988 não faz qualquer distinção no tocante às circunstâncias individuais de cada um dos condenados.

Para ler a decisão completa do caso Kulinski e Sabev v. Bulgária, clique aqui.

Autor: Bruno de Oliveira Biazatti

Fonte: CEDIN

Corte Europeia de Direitos Humanos decide que medidas de austeridade do governo grego não violam direitos de propriedade

No último dia 21 de julho, a Corte Europeia declarou, por unanimidade, que não ocorreu violação aos arts. 1 e 14 da Convenção Europeia de Direitos Humanos no caso “Mamatas e outros vs. Grécia”. Confira o caso aqui.

O caso refere-se a uma participação forçada dos requerentes em um acordo que decorreu de votação decidida pela maioria dos investidores. Os requerentes eram indivíduos que detinham títulos do poder público e, na tentativa de reduzir a dívida do país, esses títulos foram trocados por outros instrumentos de dívida de menor valor. Essa troca se tornou possível após uma mudança na lei em 2012: por força de ações coletivas (ou seja, uma maioria), passou a ser autorizada a celebração de acordos entre o Estado e os detentores de títulos públicos; tal modificação beneficiou principalmente os bancos e as organizações internacionais de crédito, todavia entrou em vigor para todos os titulares, inclusive para a minoria que não a havia aprovado. Os títulos desses indivíduos foram cancelados e substituídos por novos cujo montante era 53,5% menor em termos de valor nominal.

A participação forçada traduzir-se-ia, então, em uma violação aos direitos de propriedade desses detentores como explicitado no art. 1 do Protocolo nº 1 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Não obstante, tal interferência visa a perseguir um interesse público, com o objetivo central de preservação da estabilidade econômica e de reestruturação da dívida nacional da Grécia, fundamentalmente em um período de grave crise que assola a economia do país. A Corte, dessa forma, arguiu que os requerentes não sofreram nenhum encargo excessivo, particularmente em face da considerável margem de apreciação dos Estados nessa esfera e das especificidades relativas à redução do valor comercial dos títulos. Elucidando o segundo pressuposto, tem-se que essa redução já havia sido afetada pela capacidade reduzida da Grécia em honrar compromissos com os recursos pertencentes ao seu patrimônio; sendo assim, o país provavelmente já se mostrava incapaz de cumprir suas obrigações de acordo com as cláusulas que se relacionavam aos títulos antigos e que eram anteriores à entrada em vigor da nova Lei.

A Corte também considerou que as cláusulas referentes às ações coletivas, bem como as posteriores tentativas de reestruturação do déficit público, representaram meios necessários e adequados de reduzir a dívida pública e de resgatar a Grécia da falência; que investir em títulos do poder público nunca constituiu uma atividade isenta de riscos e que os investidores deveriam estar cientes dos imprevistos do mercado financeiro e da possibilidade de uma queda nos valores de seus títulos, principalmente ao se considerar o déficit na economia grega e a enorme dívida que o país carrega, mesmo antes da crise deflagrada em 2009.

Por fim, a Corte declarou que o procedimento de troca de títulos não ocorreu de forma discriminatória, particularmente devido à dificuldade de identificar investidores em um mercado tão volátil, além da dificuldade de estabelecer critérios precisos que se adequem às diferenciações entre os investidores. Em um macrocenário, ainda existe o risco de causar danos à operação como um todo, o que acarretaria em consequências desastrosas para a economia e uma posterior necessidade de agir rapidamente para reestruturar a dívida da Grécia.

Saiba mais sobre os pormenores da decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos aqui.

Autora: Thaís Kleinsorge Mendes

Fonte: CEDIN

Corte Europeia de Direitos Humanos decide que ordem de expulsão de requerente de asilo afegão não viola direitos humanos

No dia 5 de julho, a Corte Europeia de Direitos Humanos publicou seu julgamento no caso A.M. v. Países Baixos, no qual decidiu que uma ordem de expulsão de um nacional do Afeganistão, o senhor A.M. (cuja identidade foi mantida em sigilo), emitida pelos Países Baixos, não viola a Convenção Europeia de Direitos Humanos, especialmente a proibição de tortura e tratamento cruel e degradante.

A.M. é originário do Afeganistão e entrou no território dos Países Baixos em 2003, depois de ter passado pelo Paquistão, Irã e Alemanha. Assim que entrou no território neerlandês, ele deu início a procedimentos para receber o status de asilado, sob a alegação de que temia ser perseguido no Afeganistão. A.M. afirmou que seria perseguido, caso fosse expulso para o Afeganistão, devido as suas atividades pretéritas como membro do partido comunista afegão e também pela sua participação como membro voluntário da Guarda Revolucionária. Além disso, ele alegou que havia o risco de ser torturado pelo grupo Hezb-e Wahdat, uma facção jihadista na qual atuou como membro. A.M. afirmou, por fim, que foi detido e torturado no Afeganistão por 45 dias, até conseguir escapar da prisão onde estava sendo mantido.

Em outubro de 2005, a Ministra da Imigração e Integração dos Países Baixos negou o pedido de asilo de A.M., com fundamento no artigo 1(F)(b) da  Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados. Esse dispositivo afirma que uma pessoa não terá direito à condição de refugiado se “houver razões sérias para concluir que [essa pessoa] cometeu um crime grave de direito comum fora do país de refúgio antes de ser nele admitida como refugiado”. A Ministra destacou que, durante uma entrevista conduzida como parte do processo de concessão de asilo, A.M. admitiu que o Hezb-e Wahdat realizou vários atos contrários ao Direito Internacional, tais como saques de residências civis, atos de tortura e apreensão de carros privados. Como era membro dessa facção, a decisão da Ministra apontou que A.M. sabia ou tinha a obrigação de saber das atividades ilegais do Hezb-e Wahdat . Além disso, destacou-se que A.M., em relatos prévios perante autoridades dos Países Baixos, deturpou os fatos, banalizou a sua participação como membro do Hezb-e Wahdat e ocultou informações importantes. Diante do exposto, a Ministra da Imigração e Integração deferiu o pedido de asilo.

Depois disso, o Vice-Ministro da Justiça dos Países Baixos emitiu uma ordem de exclusão, a fim de expulsar A.M. do território neerlandês. A.M. apelou da decisão nas vias administrativas, mas não obteve sucesso. Em decisão final, datada de fevereiro de 2009, os Países Baixos declararam que a ordem de exclusão é válida e deve ser executada.

Inconformado com a decisão, A.M. iniciou uma ação contra os Países Baixos na Corte Europeia de Direitos Humanos, contestando a validade da sua ordem de exclusão. Ele alegou que há evidências suficientes para concluir que, se fosse efetivamente expulso para o Afeganistão, seria exposto à tortura ou tratamento cruel e degradante. Em junho de 2009, a Corte Europeia emitiu uma ordem cautelar, proibindo o Governo dos Países Baixos de realizar a expulsão de A.M. para o Afeganistão até que ela analise o mérito da controvérsia.

Em seu acórdão, a Corte Europeia observou que os Estados têm o direito costumeiro de controlar a entrada, permanência e expulsão de estrangeiros, desde que o exercício dessa prerrogativa não esteja em desconformidade com as obrigações convencionais dos Estados, incluindo aquelas contraídas à luz dos direitos humanos. Nesse prisma, a expulsão de um estrangeiro não poderá ser executada sempre que existem razões substanciais para crer que o estrangeiro em questão, se expulso, estará sob o risco real de ser submetido à tortura ou tratamento cruel e degradante no território do Estado de destino.

Conduto, a mera possibilidade de maus-tratos em decorrência de uma situação instável no Estado de destino não cria, em si, uma obrigação de não expulsão. Uma situação geral de instabilidade apenas será suficiente para tornar uma expulsão ilegal, à luz da proibição de tortura e tratamento cruel e degradante, em casos muito extremos, onde a situação geral de violência no país de destino é de tamanha intensidade que a expulsão de qualquer pessoa para esse país representaria um risco real do indivíduo ser submetido à tortura ou tratamento cruel e degradante.

Com isso, a proibição à expulsão com fulcro na proibição à tortura e tratamento cruel e degradante exige que o risco ao qual o estrangeiro estaria sujeito no Estado de destino, se fosse expulso, deve atingir um nível mínimo de gravidade. A fim de determinar o nível do risco à tortura ou tratamento cruel e degradante deve-se avaliar todas as circunstâncias e especificidades do caso concreto. Devido ao caráter absoluto dessa proibição de expulsão específica, ela deve se aplicar ainda quando o perigo emana de pessoas ou grupos que não sejam partes da estrutura estatal. Apesar disso, deve ser demonstrado que esse risco é real e suficientemente sério, e que as autoridades do Estado receptor são incapazes de evitar o risco.

Ao aplicar essas observações ao caso de A.M., a Corte Europeia concluiu que ele não demonstrou, de forma individualizada, que ele estaria exposto a um risco real de tortura ou tratamento cruel e degradante se expulso para o Afeganistão. A Corte observou que depois da queda do regime comunista afegão, A.M. atuou como membro de uma facção mujahedeen, o Hezb-e Wadat, sem qualquer ameaça pelo Estado ou grupos privados. Não há nenhuma evidência nos autos capaz de demonstrar que Hezb-e Wadat realizou esforços para rastrear A.M. depois de ele ter encerrado a sua participação nessa facção. A Corte também indicou que não há motivos suficientes para concluir que entidades privadas ou governamentais representam um risco a A.M. devido ao seu passado comunista e também pelas suas atividades no Hezb-e Wahdat. Foi observado ainda que não há no Afeganistão uma situação geral de violência na medida necessária para representar um risco real a A.M. caso ele seja expulso para lá. Um aspecto importante da decisão é o fato de que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) não lista as pessoas envolvidas no antigo regime comunista e os ex-membros do Hezb-e Wahdat como estando sob risco no Afeganistão.

Diante de todo o exposto, concluiu-se que a expulsão de A.M. para o Afeganistão não viola o Direito Internacional e, dessa forma, pode ser executada.

O julgamento completo do caso A.M. v. Países Baixos pode ser lido aqui. 

Para uma lista dos casos da Corte Europeia de Direitos Humanos envolvendo expulsão de requerentes de asilo, clique aqui

Fonte: CEDIN