Beca Seguimiento de Recomendaciones de la CIDH 2019

Esta beca es ofrecida en el marco del Proyecto “Combate a la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe”, implementado con el apoyo de “Global Affairs Canada”.

1) Lugar de la Beca: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dirección: 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, Estados Unidos de América.

2) Modalidad: Presencial.

3) Fecha final para la presentación de candidaturas: 31 de octubre de 2018 a las 23:59 horas  (E.S.T.).

4) Fechas de inicio y de finalización de la Beca: 1 de enero  al 31 de diciembre de 2019.

5) Duración de la Beca: 12 meses

6) Objetivo: Ofrecer la oportunidad a jóvenes profesionales provenientes de los Estados Miembros de la OEA, de trabajar en la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

7) Programa: La persona becaria apoyará el trabajo de la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, bajo la supervisión de sus especialistas durante el período de la beca. Al concluir la beca, presentará un informe detallado de sus actividades a la SE/CIDH

8) Resultados esperados:

• Colaboración con el equipo de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones de la SE/CIDH en la implementación de las actividades que corresponden al Proyecto “Combate a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe”.
• Colaboración en la elaboración de los informes de seguimiento previstos en el Proyecto y en el Informe Anual de la CIDH.
• Colaboración con el equipo de la SE/CIDH en el procesamiento de las comunicaciones con las partes, relativos al seguimiento de recomendaciones de la CIDH.
• Búsqueda de información para analizar el seguimiento de recomendaciones y la preparación de informes pertinentes.
• Preparación de resúmenes y demás documentos para audiencias, reuniones de trabajo y visitas de la CIDH.
• Colaboración en iniciativas orientadas a la promoción y difusión del sistema interamericano de derechos humanos y de las acciones de seguimiento de recomendaciones.
• Actualización constante de la página web de la SE/CIDH en lo referente al trabajo de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones y del proyecto.
• Preparación de insumos para comunicados de prensa relacionados con seguimiento de recomendaciones de la CIDH.
• Elaboración de cartas de solicitud de información en temas específicos relacionados con el seguimiento de recomendaciones de la CIDH.
• Apoyo a la implementación del Programa Especial de Seguimiento de las Recomendaciones de la CIDH - Programa 21 del Plan Estratégico 2017-2021.
• Otras actividades asignadas relacionadas con el tema de la beca.

9) Requisitos: 

• Ser  ciudadano/a de un Estado Miembro de la OEA; 
• Comprometerse a volver a su país de origen después de concluida la beca;
• Ser bilingüe en los idiomas español e inglés (adjuntar certificado que lo acredite con nivel intermedio-avanzado), conocimientos de portugués o francés deseables;
• Ser graduado/a de una carrera en ciencias sociales de una universidad oficialmente acreditada (enviar copia del título y calificaciones obtenidas);
• Haber recibido el diploma universitario dentro de los últimos siete años;
• Experiencia profesional o universitaria demostrable en temas de monitoreo y seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales y en derechos humanos; y
• Presentar un trabajo escrito de hasta cinco páginas no editado por otra persona, sobre un tema de interés para la persona postulante, relativo al seguimiento de recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos o de otros organismos internacionales. El trabajo escrito deberá ser presentado mitad en inglés y mitad en español, usando cualquier formato; de no ser posible, favor explicar (no se requiere caratula ni bibliografía).

10)  Documentos requeridos: Los siguientes documentos son requeridos a fin de ser considerado/a para la beca:

• Carta de presentación de la persona interesada
• Dos cartas de recomendación (académicas o profesionales)
• Curriculum vitae
• Certificado acreditando el segundo idioma (de no contar con el mismo, adjuntar una nota explicativa)
• Copia del título y las calificaciones obtenidas
• Trabajo escrito de hasta cinco páginas no editado por otra persona, sobre un tema de interés para la persona postulante, relativo al seguimiento de recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos o de otros organismos internacionales. El trabajo escrito deberá ser presentado mitad en inglés y mitad en español, usando cualquier formato; de no ser posible, favor explicar (no se requiere caratula ni bibliografía).

Nota: Todos los documentos requeridos para la beca pueden ser presentados en inglés o en español, con la excepción del trabajo escrito. Sólo se requieren copias simples de los documentos originales. No es necesario legalizarlos. Las cartas deben estar dirigidas en forma general a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Sujeto a discreción de la SE/CIDH, se solicitará a los/as candidato/as finalistas responder a preguntas adicionales.

11)  Beneficios:

• La SE/CIDH provee un estipendio de US$3,200.00 mensuales durante el período que cubre la beca. Con dicho estipendio, el/la becario/a es responsable y está requerido a adquirir una cobertura de salud de su elección por el tiempo de duración de la beca, debiendo acreditar formalmente la referida adquisición ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
• Pasajes de ida y vuelta vía aérea, clase económica, desde el lugar de residencia del becario a Washington, DC., USA. No se proveen fondos para gastos terminales y de tránsito.
• La SE/CIDH otorgará un certificado de participación en el programa de la beca a los becarios que cumplan satisfactoriamente el período completo de duración de la beca.

12)  Responsabilidades de los/as candidatos/as seleccionados/as:

• Los/as candidatos/as seleccionados/as deberán aceptar la beca formalmente por escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confirmando su completa disponibilidad para realizar la beca en la sede de la CIDH, durante el período indicado. Posteriormente se procederá a hacer los arreglos necesarios para la compra del boleto aéreo de ida y vuelta -clase económica- entre el país de origen o residencia y Washington D.C.
• En el caso de que el/la candidato/a seleccionado/a haya aceptado la beca, pero por razones ponderables no pueda posteriormente realizarla, debe notificar inmediatamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que decida las acciones a tomar y realice las gestiones pertinentes.
• Es responsabilidad de cada candidato/a seleccionado/a gestionar y obtener de manera oportuna la(s) visa(s) correspondiente(s) para ingresar a los Estados Unidos de América y/o países de tránsito (si aplica). La SE/CIDH no solventará ningún gasto relacionado con la tramitación de documentos migratorios o visados. La SE/CIDH extenderá una comunicación a la persona seleccionada certificando su selección como becario/a oficial de la SE/CIDH a fin de que solicite la visa correspondiente, la cuál será de su absoluta responsabilidad. Adicionalmente, la OEA extenderá una comunicación diplomática a la Embajada o al Consulado donde la persona seleccionada solicitará la visa, también certificando su selección.
• Es responsabilidad de la persona seleccionada llegar con suficiente anticipación a fin de estar presente en la inauguración de la beca en la fecha establecida por la SE/CIDH.
• Cuando una persona seleccionada declina la beca después de que el boleto ha sido comprado, o no viaja en las fechas establecidas o cambia la ruta, él o ella deberá reembolsar el costo del boleto aéreo o de cualquier costo adicional en el que se incurra. Esto incluye cualquier gasto adicional en el que la SE/CIDH incurriera, tal como, costo extra por alojamiento durante el viaje de la persona desde su país de residencia hacia Washington, D.C. 
• Si el/la becario/a renuncia, cancela o termina la beca después de que el programa ha iniciado, sin presentar pruebas suficientes de la causa a la SE/CIDH, él/ella deberá reembolsar a la SE/CIDH la totalidad de los gastos incurridos en su persona.

13)  Presentación de solicitudes de beca:

• El sistema de postulación requiere para la suscripción que se creen credenciales para el acceso, nombre de usuario/a y contraseña; el nombre de usuario/a no debe incluir símbolos, acentos, apóstrofes ni espacios en blanco ya que no son aceptados por el sistema.
• Puede ingresar a la aplicación electrónica a través del link abajo. Antes de ingresar al sistema electrónico de aplicación, es necesario que la persona interesada primero se registre con un nombre de usuario/a y contraseña y debe tener lista toda la documentación indicada en las secciones 9 y 10 para adjuntarla a su aplicación.
• Se permite adjuntar documentos en los siguientes formatos: .pdf, .doc, .docx y .zip. Los archivos a adjuntar deben ser guardados primero de la siguiente forma antes de adjuntarse, y no deben contener caracteres especiales en el nombramiento: Nombre, apellido, nombre del documento requerido. (Ejemplo: PedroPerezCV.doc).

Para completar el formulario de solicitud de beca electrónico, hacer clic aquí. 

Las solicitudes de becas se deben completar a través del sistema digital automatizado creado por la SE/CIDH para este propósito. El sistema está abierto desde el 1 de octubre a las 09:00 a.m. hasta el 31 de octubre de 2018 a las 23:59 horas (E.S.T.). Solamente aceptaremos aplicaciones recibidas a través del sistema digital automatizado usando el link de arriba.

Si el sistema pide un número identificación “Survey ID”, favor ingresar el código FASREC2019.

El resultado de la selección de beca se informará por e-mail a cada postulante aproximadamente un mes antes de la fecha de inicio de la beca. Cualquier pregunta puede ser dirigida a: CIDH_BECA@oas.org

La Organización de Estados Americanos no discrimina a ninguna persona, pasante, becario/a, empleado/a o solicitante de empleo por razón de su raza, color, estado civil, religión, edad, género, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o por ser padre o madre.

Fonte: OEA

O caso Lula na ONU e a distância entre a teoria e a vigência dos direitos humanos

Na sexta-feira (17/8), o Comitê de Direitos Humanos da ONU proferiu uma decisão histórica e de alta relevância para a defesa das garantias fundamentais ao acolher o pedido de liminar que apresentamos em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assegurar que ele possa “concorrer nas eleições de 2018” do Brasil, com “acesso adequado à imprensa e aos membros do seu partido político”.

Em 22 de maio, o mesmo órgão internacional já havia alertado o país para que não fosse realizada “qualquer ação que impeça ou frustre a apreciação” pelo comitê sobre as grosseiras violações a garantias fundamentais que apontamos no corpo do comunicado individual feito em favor do ex-presidente em 28 de julho de 2016 — mesma data em que anunciou que irá analisar o mérito das violações apontadas.

No pano de fundo do comunicado estão fatos notórios ocorridos antes e durante a ação penal em que Lula foi indevidamente acusado e condenado pela prática de “atos indeterminados” para, supostamente, beneficiar uma empreiteira em troca de uma parte do preço de uma afirmada reforma em apartamento em Guarujá (SP) que teria sido “atribuído” ao ex-presidente.

No início do procedimento internacional, apontamos violações aos seguintes dispositivos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCPP):

• Artigo 9 (1) e (4): proteção contra a prisão ou detenção arbitrária;
• Artigo 14 (1): o direito a um tribunal independente e imparcial;
• Artigo 14 (2): direito de ser presumido inocente até que se prove a culpa por lei; e
• Artigo 17: proteção contra interferências arbitrárias ou ilegais na privacidade.

Em julho deste ano, requeremos ao comitê, adicionalmente, a análise de violação ao artigo 25 do PIDCPP, que impede a imposição de “restrições infundadas” ao direito de “votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário por voto secreto, que garantiam a manifestação da vontade dos eleitores”. O pedido foi acolhido e também será objeto de oportuna apreciação pelo órgão internacional.

À época do protocolo do comunicado, possivelmente diante do ineditismo da medida e do desconhecimento da via, algumas vozes se levantaram para questionar a medida. Atualmente, outras vozes — em regra interessadas no desfecho do processo eleitoral ou mesmo em impedir a candidatura do ex-presidente por algum motivo — tentam converter a decisão e a obrigatoriedade de seu cumprimento pelo país em mera “recomendação” ou em situação de menor relevância jurídica.

Nada mais descabido. Em 2009, de forma soberana e juridicamente válida, o Brasil reconheceu a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU ao aprovar o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos por meio do Decreto Legislativo 311/2009. Vale dizer, aquilo que era facultativo — a aprovação do protocolo e da jurisdição do comitê — tornou-se obrigatório e vinculante a partir da edição desse ato normativo.

Neste ponto, relevante uma digressão. Após mensagem presidencial dirigida ao Congresso Nacional, o tema tramitou pelas comissões (i) de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; (ii) de Direitos Humanos e Minorias; e (iii) de Constituição e Justiça e de Cidadania, todas da Câmara dos Deputados.

Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a relatoria coube ao deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que ressaltou em trecho de seu parecer que foi aprovado em 24/5/2006:

“Entendemos que não figura entre as preferências de regimes ditatoriais a assinatura de tratados internacionais de proteção aos direitos humanos e que, em 1992, o Brasil firmava aos poucos, sua democracia. Contudo, quase quinze anos se passaram entre a assinatura do Pacto e seus Protocolos e quase dez desde a recomendação das Nações Unidas. Cabe ao Congresso, portanto, envidar esforços para que a aprovação dos Protocolos seja realizada da forma mais expedita possível”.

No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a relatoria coube ao deputado Bosco Costa (PSDB-SE), que apresentou parecer, aprovado em 4/9/2016, destacando o seguinte:

“A adesão ao presente protocolo se harmoniza com a política adotada pelo Brasil em suas relações externas. O País já admite a competência de importantes órgãos internacionais de direitos humanos, nos âmbitos global e regional, para o exame de casos individuais, como a Comissão e a Corte Interamericanas de Direitos Humanos, o Comitê para a Eliminação da Discriminação racial e o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Assim, a aprovação da competência do Comitê das Nações Unidas representa mais um avanço da política brasileira na defesa dos direitos humanos e no reconhecimento do indivíduo, em algumas situações, como sujeito de direito internacional”.

Por seu turno, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a relatoria coube ao deputado Luiz Couto (PT-PB), que destacou em seu parecer, aprovado em 8/11/2006, o seguinte:

“O texto é meritório. A adesão ao presente protocolo se coaduna com a política seguida pelo Brasil em suas relações externas, que, de maneira exemplar, defende a proteção internacional do ser humano. Nessa linha, o País já admite a competência de importantes órgãos internacionais de direitos humanos, nos âmbitos global e regional, para exame de casos individuais, como o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A aprovação da competência do Comitê das Nações Unidas representa mais um avanço da política brasileira no reconhecimento do indivíduo, em algumas situações, como sujeito de direito internacional”.

O Plenário da Câmara votou a matéria em 5/6/2008, e o Senado, em 10/6/2009, resultando na edição do já referido Decreto Legislativo 311, que foi promulgado pelo então presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), em 16/6/2006.

Além da existência do aludido ato normativo que reconhece a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU, o Brasil foi notificado sobre a existência do comunicado de Lula e, desde então, apresentou três manifestações perante aquele órgão. Em nenhuma delas o país recusou a jurisdição do comitê para analisar as violações apontadas pelo ex-presidente ou o caráter vinculante das decisões proferidas por aquela instância.

Ao contrário. Em manifestação apresentada em 27/1/2017, o Brasil afirmou: “219. O Estado brasileiro aproveita esta oportunidade para reafirmar seu compromisso com o Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas e particularmente com esse honorável Comitê de Direitos Humanos”.

Em outra manifestação, apresentada em 29/9/2017, a representação do país afirmou: “119. A República Federativa do Brasil reafirma aqui seu comprometimento com o Sistema das Nações Unidas de Direitos Humanos e com esse Comitê”. No mesmo sentido foi a manifestação apresentada em 04/04/2018.

É impensável e incompatível com a boa-fé, portanto, que, após confirmar o compromisso de respeitar as decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU por meio de decreto legislativo e também por manifestações no caso concreto de Lula, o Brasil possa se furtar ao cumprimento da decisão proferida pelo órgão internacional.

Oportuno lembrar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal registra a obrigatoriedade da jurisdição das cortes internacionais de direitos humanos reconhecidas pelo Brasil. Embora se referindo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o decano da suprema corte, ministro Celso de Mello, fez registrar a necessária “observância, por parte dos Estados nacionais que voluntariamente se submeteram, como o Brasil, à jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, dos princípios, direitos e garantias fundamentais assegurados e proclamados, no contexto do sistema interamericano, pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos” (STF, AP 470 AgR-vigésimo quinto, rel. p/ o ac. min. Teori Zavascki, voto do min. Celso de Mello, j. 18-9-2013, P, DJE de 17-2-2014).

A Procuradoria-Geral da República também já se manifestou no mesmo sentido. Na ADFP 320/DF, embora também se referindo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o órgão máximo do Ministério Público Federal defendeu perante o Supremo Tribunal Federal que “as decisões proferidas pela Corte em face do Estado brasileiro têm força vinculante para todos os poderes e órgãos estatais. O cumprimento de suas sentenças é mandatório, nos termos da obrigação internacional firmada pela República”.

Na mesma manifestação, o então procurador-geral da República fez referência ao artigo 7º do ADCT e concluiu: “Houve, pois, decisão constitucional originária de inserir o Brasil na jurisdição de uma — ou mais — cortes internacionais de direitos humanos, o que constitui vetor interpretativo de conciliação do Direito e da jurisdição internos com o panorama normativo internacional a que o país se submeta, em processo integrativo também previsto nos §§ 2º e 4º do artigo 5º da Constituição”.

Acreditamos que o Brasil não irá se deixar contaminar pela antiga tentação de países que negam proteção a garantias fundamentais mediante a invocação de disposições do Direito interno. Até porque essa espécie de recusa é expressamente proibida pelo artigo 27 da Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, também aprovada pelo Brasil (Decreto 7.030/2009) sem qualquer reserva a essa disposição.

Buscamos superar, no caso Lula, a distância entre a teoria e a vigência real dos direitos humanos. O Comitê de Direitos Humanos da ONU apontou, por meio de suas recentes decisões, o acerto desse caminho e irá julgar o caso do ex-presidente Lula possivelmente em 2019. As determinações até aqui proferidas têm por objetivo impedir a ocorrência de danos irreparáveis ou que possam frustrar a execução da decisão final.

De acordo com a Observação Geral 33, editada pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU em encontro realizado em Genebra de 13 a 31 de outubro de 2008, “em qualquer caso, os Estados-Pares terão que utilizar de todos os meios que estiverem ao seu alcance para dar efetividade às determinações do Comitê”.

Esperamos que as autoridades brasileiras e também os agentes não estatais de alguma forma envolvidos cumpram as decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque eventual responsabilidade internacional sobreviverá a governos, a mantados, nomeações ou concessões. É o Brasil, como Estado-parte, que assumiu a obrigação de dar eficácia às deliberações daquela Corte Internacional de Direitos Humanos.

Por Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Zanin Martins.

Fonte: Conjur

“Fashion Law”: área do Direito que protege criações de moda

Segundo o filósofo Gadamer, “sabemos o alcance do poder e a força impositiva que tem a moda”. A linguagem da moda está baseada nos costumes, símbolos, discursos e expressões que cultuam o passado e, voltada para tradição, transcreve o presente, sempre em movimento na busca pelo novo. A moda não é referência só no vestuário, ela diz muito também sobre a cultura de um povo.

Nesse universo, aparecem as questões referentes aos direitos autorais, tanto nos processos de criação, como no trade dress, ou seja, na concorrência, muitas vezes desleais, praticadas por meio da violação do direito de uso exclusivo do “conjunto imagem”. Com isso, apareceu o conceito Fashion Law.

Na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP, um grupo de estudos se dedica ao tema. A coordenação é da professora Juliana Domingues, que explica como surgiu o conceito. “O Fashion Law surgiu como conceito em Nova York, na Escola de Direito da Fordham University, com a professora Susan Scafidi, que foi a pioneira em usar essa tecnologia para fazer referência ao direito aplicado à moda; aqui, no Brasil, temos algumas traduções para esse conceito, como direito da moda ou direito para moda, mas é algo que faz muito sentido.”

A professora diz que ainda não há legislação específica que trata do direito da moda, o que se tem são várias áreas que cuidam do direito da moda como propriedade intelectual, direito autoral, direito concorrencial, além de questões relacionadas à cadeia produtiva da moda ligada ao e-commerce, que é nacional.

Para a professora, para compreender melhor o efeito do Fashion Law é fundamental entender os conceitos de trade dress e aproveitamento parasitário. O primeiro caso surgiu nos Estados Unidos e, segundo a professora Juliana Domingues, é o que determina a individualidade do produto, que tem como exemplo o solado vermelho, da marca Christian Louboutin.

A internet abre novas questões, diz Juliana: “A criação do Fashion Law se dá para atender a uma necessidade da indústria dos criadores, da proteção do processo criativo. Devemos isso à divulgação das criações, que é quase imediata, diferente de tempos atrás, quando a coleção era lançada em Paris e chegava ao Brasil muitos meses depois. Hoje é quase instantâneo, aí entram as redes sociais, que também  criaram essa demanda para o mercado jurídico,” conclui.

Fonte: Jornal USP

Brasileiros têm direito a atendimento médico gratuito em três países; saiba como emitir o documento

Certificado de Direito à Assistência Médica garante ao viajante atendimento nos hospitais públicos em Portugal, Itália e Cabo Verde como se fosse cidadão local.

Os brasileiros com destino a Portugal, Itália e Cabo Verde, podem ter acesso aos hospitais públicos desses três países por meio de um certificado de Direito à Assistência Médica (CDAM), de acordo com o Ministério da Saúde. A autorização tem validade de um ano, podendo ser renovado quantas vezes for necessário. (Saiba como emitir o documento abaixo). 

No primeiro semestre deste ano, foram emitidas 40.753 autorizações, uma alta de 329% comparada com os últimos cinco anos, saltando de 10.868 para 46.687 certificados emitidos. 

O documento não substitui o seguro internacional particular de saúde, não garante o transporte de corpo, nem translado para onde o portador do certificado deseja atendimento. Além disso, se nesses países, os nativos pagarem por um procedimento hospitalar, o brasileiro também deverá pagar. Da mesma forma, os procedimentos gratuitos aos nativos também serão gratuitos aos brasileiros portadores do CDAM.

Quem pode solicitar

Na Itália e em Cabo Verde para solicitar o documento é preciso ser contribuinte na Previdência Social (INSS) e comprovar o vínculo no ato da solicitação do certificado. Em Portugal, todo brasileiro tem direito de obter, independentemente da contribuição. Nos três países o certificado pode ser emitido seja qual for o motivo da viagem ou o tempo de duração.

Como solicitar

De acordo com o Ministério da Saúde, o CDAM pode ser solicitado pelo site oficial ou presencialmente nas unidades do DATASUS/Ministério da Saúde. Além disso, o solicitante deve ter o Cartão Nacional de Saúde. Os documentos necessários são:

Cartão Nacional de Saúde; 

Cópia e original do CPF;

Cópia e original do Passaporte;

Cópia e original do RG;

Cópia e original do comprovante de residência.

Fonte: G1

STJ mantém nulo casamento decretado pelo Vaticano

O Superior Tribunal de Justiça homologou sentença eclesiástica de anulação de casamento, confirmada pelo Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, no Vaticano, com base no que prevê o acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil (Decreto 7.107/10). Este foi o primeiro pedido de homologação de sentença eclesiástica processado nos termos do estatuto.

O decreto estabelece que as decisões eclesiásticas confirmadas pelo órgão superior de controle da Santa Sé são consideradas sentenças estrangeiras, que têm valor legal no Brasil. Com a decisão do STJ, os ex-cônjuges passaram de casados para solteiros, uma vez que a homologação da sentença eclesiástica resultou também na anulação do casamento em termos civis.

Isso porque, segundo o artigo 12 do acordo celebrado entre Brasil e Vaticano, o casamento celebrado em conformidade com as leis canônicas, que também atender às exigências estabelecidas pelo direito brasileiro, produzirá efeitos civis.

O Código de Direito Canônico, promulgado em 1983, exige que a declaração de nulidade, para ser válida e dar direito a um novo casamento, seja dada por, pelo menos, dois tribunais diferentes. Então, se o primeiro tribunal aprovou a declaração de nulidade, dentro de 20 dias ele é obrigado a encaminhar todo o processo a um segundo tribunal. Depois do tribunal de segunda instância, cabe ao Vaticano confirmar a sentença.

Inicialmente, o marido pediu a anulação do casamento religioso ao Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Vitória, acusando a mulher de pedofilia. A sentença deferitória foi confirmada pelo Tribunal de Aparecida (SP) e, depois, pelo Vaticano. Ao homologar a sentença estrangeira, o ministro Felix Fischer considerou que o pedido não ofende a soberania nacional, a ordem pública nem os bons costumes. O processo corre em sigilo judicial. 

Revista Consultor Jurídico, 19 de junho de 2013

Fonte: Conjur

Outras notícias a respeito: Homologação de sentença eclesiástica de anulação de matrimônio

Maha e Souad Mamo são as primeiras pessoas reconhecidas como apátridas pelo Brasil

Durante celebração do Dia Mundial do Refugiado em Brasília (26 jun. 2018), as irmãs receberam do Governo Federal o status de apatridia e poderão ser naturalizadas brasileiras.

“Agora falta pouco!” exclamou aliviada a filha de sírios nascida no Líbano e quase brasileira Maha Mamo, de 30 anos. Todas essas designações têm uma relação com sua história de vida: apátrida desde que nasceu, ela e a irmã estão mais próximas de conseguirem a naturalização brasileira.

Após decisão do Ministro da Justiça, Torquato Jardim, Maha e Souad Mamo se tornaram ontem as primeiras pessoas reconhecidas pelo Governo Brasileiro como apátridas. Este é o primeiro passo para que as irmãs, que moram há cerca de quatro anos no Brasil como refugiadas, possam trocar a Carteira de Registro Nacional Migratório por um RG (Registro Geral) brasileiro.

Para obterem a cidadania, é necessário ainda prestar a prova Celpe-Bras, o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. A prova delas está marcada para o dia 1º de outubro, em Porto Alegre.

“Quero poder dizer que eu pertenço a algum lugar. De saber que lá, eu existo.”

Mas ter a naturalização no Brasil significa muito mais do que possuir um novo documento. Para Souad, ter uma identidade brasileira significará finalmente existir para o resto do mundo. “Quero um futuro pelo mundo. Com presença, existência, e sem medo de não ter uma pátria. Quero poder dizer que eu pertenço a algum lugar. De saber que lá, eu existo.”

Para Maha, que é ativista pelos direitos dos apátridas, “o passo mais importante que o Brasil deu com a nova lei de migração, no sentido de acabar com a apatridia, foi criar uma definição do que é ser apátrida, algo que não existia na legislação brasileira. Com essa definição, é possível facilitar a naturalização das pessoas apátridas no Brasil”, diz.

De acordo com estimativas do ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), existem aproximadamente 10 milhões de pessoas em todo o mundo que não possuem nacionalidade, ou seja, são apátridas. Por não possuírem uma certidão de nascimento e, consequentemente, outros documentos de identidade, muitas vezes elas são impedidas de ir à escola, consultar um médico, trabalhar, abrir uma conta bancária, comprar uma casa ou se casar formalmente.

Este é o caso das irmãs Maho. Filhas de pais sírios, elas nasceram no Líbano e não foram consideradas cidadãs em nenhum dos dois países. Como a Síria não reconhece o casamento inter-religioso, o pai cristão e a mãe muçulmana tiveram que fugir para o Líbano para se casar. Lá, nasceram as filhas, que não foram reconhecidas como libanesas.

As leis no Líbano não reconhecem como cidadãos filhos de pais que não são libaneses. Apesar dos seus pais serem sírios, eles possuíam religiões diferentes e, por isso, não foi possível registrar o casamento nem o nascimento dos filhos, o que impediu Souad e Maha de serem reconhecidas como cidadãs sírias e de obter os documentos que o provam.

O procedimento de reconhecimento da apatridia passou a existir no Brasil com a lei 13.445, aprovada em 2017 e mais conhecida como a “Lei de Migração”. As irmãs sentem orgulho de serem as primeiras beneficiárias da resolução, mas não querem parar por aí. “Agora queremos levar essa lei do Brasil para o mundo e, assim como no futebol, poderá ser um exemplo para os outros países neste tema.”

Sobre a apatridia: O Brasil é signatário da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 e da Convenção das Nações Unidas para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961. O enfrentamento da apatridia também é um dos eixos do Plano de Ação do Brasil, aprovado em dezembro do ano passado em Brasília, durante reunião ministerial que celebrou o 30º aniversário da Declaração de Cartagena.

Os 28 países e três territórios da América Latina e do Caribe que aderiram ao Plano de Ação do Brasil se comprometeram a erradicar a apatridia na região até 2024 – em linha com a estratégia global do ACNUR.

Fonte: ACNUR

Imigrante, refugiado e asilado: quais são as diferenças?

Muitas pessoas confundem os conceitos de imigrante, refugiado e asilado político. Apesar dos indivíduos nessas situações terem alguma semelhança – todos não podem ou não querem viver em seu país de origem – as razões que os levaram a se deslocar, pedir solicitação de asilo ou refúgio são completamente diferentes. Neste conteúdo, você entenderá no que exatamente consiste cada definição, quais são os motivos por trás das decisões dessas pessoas e quais processos elas devem enfrentar para que o Estado brasileiro as reconheça como imigrante, asilado ou refugiado.

IMIGRANTES

Uma pessoa que se desloca, em geral, de forma voluntária, de seu país de origem para outro, com intenção de se estabelecer por algum tempo no Estado de acolhida, é considerado, por este, um imigrante. Há inúmeros motivos que levam um indivíduo a tomar a decisão de migrar, mas uma das principais razões é econômica, quando a pessoa parte para outro país com a esperança de ter uma condição de vida melhor.

Como funciona o processo de imigração para o Brasil?

Conforme a Lei 13.445/2017, o imigrante é a pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil

Por essa definição, entendemos que há dois tipos de imigrantes: de caráter temporário ou definitivo. Para os imigrantes que desejam se instalar de forma permanente no Brasil, o processo é o de requisição da autorização de residência. Já as pessoas que somente desejam passar um tempo definido no país, podem pedir o visto temporário. Há ainda quatro outros tipos de visto no Brasil: de visita, diplomático, oficial e de cortesia. Qualquer um dos vistos pode ser transformado em uma autorização de residência, se os critérios para isso forem alcançados.

Algumas situações que permitem a autorização de residência ou a aprovaçãode visto temporário são, entre outras:

• Pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;
• Tratamento de saúde;
• Acolhida humanitária;
• Estudo;
• Oferta de trabalho;
• Férias-trabalho;
• Prática de atividade religiosa ou serviço voluntário;
• Realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural;
• Reunião familiar.

Em 2015, havia cerca de 1,8 milhão de migrantes no Brasil e, em 2016, foram recebidos 126.258 novos imigrantes no país.

ASILADOS POLÍTICOS

Para que uma pessoa possa ser considerada asilada política, é fundamental que ela esteja sendo perseguida por motivos políticos em seu país de origem. Para receber o benefício, o solicitante de asilo não pode ter cometido crime comum ou estar em aguardo de julgamento relacionado a um crime comum.

A prática do asilo político existe, no mínimo, desde a formação do Estado moderno, cujo marco em geral é datado em 1648, quando ocorre a Paz de Westfália, que encerra a Guerra dos 30 anos na Europa. É importante ressaltar que cabe ao Estado decidir aceitar ou não um solicitante de asilo, mesmo que seja comprovado que o mesmo sofre perseguição política em seu país de origem. O asilado político tem uma vinculação individual com o Estado que decide lhe acolher.

Edward Snowden,
que teve asilo político estendido na Rússia até 2020.
Fonte: Wikimedia.

Como pedir asilo político?

Há dois tipos de asilo político: o territorial e o diplomático.

O territorial consiste em uma permissão do governo brasileiro para que a pessoa possa ficar em território nacional, sendo protegida assim pelo país. Para que ele seja concedido, o requerente deve estar dentro dos limites territoriais do Brasil.

O asilo diplomático pode ser concedido enquanto a pessoa ainda estiver em seu país, ao se dirigir a uma Embaixada ou Consulado do país para o qual deseja solicitar o asilo. Se aceito, o asilado “habita” a Embaixada ou Consulado de outro país, ficando assim protegido de qualquer perseguição.

REFUGIADOS

Os refugiados são frequentemente confundido com os asilados, porque os dois envolvem algum tipo de perseguição. Entretanto, diferente do asilo, que somente se refere a uma perseguição política, o refúgio pode ter relação com os mais diferentes tipos de perseguição: de etnia, religião, nacionalidade, grupo social, convicção política, entre outros. O refúgio também pode ser solicitado quando há uma situação de guerra ou conflito interno no país de origem.

Outra grande diferença é que, enquanto a decisão de receber um asilado político é exclusivamente do Estado, consistindo em uma relação direta deste com o indivíduo, o refugiado faz parte de um grupo que sofre perseguição por um mesmo motivo, não cabendo ao Estado decidir de forma política acolher ou não esses indivíduos que chegam a seu território após fugir de uma situação de risco.

A regulamentação internacional referente ao refúgio se baseia principalmente na Convenção de Genebra de 1951, que, dentre outros benefícios, garante aos refugiados o direito de não serem expulsos ou retornados a seus países de origem enquanto permanecerem os riscos à sua vida ou liberdade.

Como solicitar refúgio no Brasil?

Diferente do asilo, o solicitante de refúgio precisa já estar em território nacional ou na região de fronteira para ser beneficiário desse direito. O indivíduo deve se deslocar até uma sede da Polícia Federal ou até a autoridade migratória na fronteira do país. Ali, deve preencher o Termo de Solicitação de Refúgio, comunicando suas informações de contato e endereço onde possa ser encontrado. Após essa etapa inicial, a pessoa imediatamente recebe um protocolo provisório(válido por um ano) e renovável até que o Conare (Comitê Nacional para os Refugiados) se posicione de modo definitivo quanto ao seu pedido, confirmando ou recusando-o.

A partir do momento em que o solicitante tem o protocolo provisório em mãos, passa a ter os mesmos direitos individuais e sociais que os cidadãos do país, tendo permissão para documentos como Carteira de Trabalho, CPF e acesso aos serviços públicos brasileiros.Caso o Conare não aceite a solicitação, o indivíduo pode entrar com um recurso em até 15 dias após a decisão, no Ministério da Justiça.

Segundo o Conare, o Brasil tem menos de 10 mil refugiados e cerca de 25 mil solicitações de refúgio ainda não avaliadas.

COMO CONSEGUIR O VISTO HUMANITÁRIO?

Vítimas de crise econômica ou ambiental não são amparadas pela instituição do refúgio. Por isso, a solução encontrada pelo governo brasileiro foi a de oferecer vistos humanitários para algumas populações nessa situação. Cerca de 80 mil haitianos e 20 mil venezuelanos foram beneficiados com vistos humanitários. Agora, com a Lei de Migração, a chamada “acolhida humanitária” já consta nas situações que permitem aos solicitantes receberem visto temporário ou autorização de permanência no Brasil.

Este é o terceiro texto de uma trilha de conteúdos sobre Imigração no Brasil e no mundo. Confira os demais posts da trilha: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Fonte: Politize