Libre circulación de trabajadores en el seno de la Unión Europea sí, pero barra libre a las prestaciones sociales, no. Ese es el espíritu del proyecto de ley aprobado este miércoles por el gabinete de la canciller Angela Merkel a propuesta de la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles, tras un largo proceso de negociación y críticas de la oposición y de los sindicatos a una norma que consideran "populista" e "insolidaria".
El proyecto de Nahles, socialdemócrata y antigua sindicalista, blinda las arcas del sistema de ayudas no contributivas a los ciudadanos de la UE que no acrediten cinco años de residencia en el país. Hasta ahora, Alemania garantizaba un mínimo por derecho de residencia, fijado en seis meses.
"Los responsables de pagar ayudas sociales a personas necesitadas son los países de origen", ha repetido Nahles a favor de una reforma contra al turismo social inspirada en la que planteada por el Reino Unido previo al Brexit aunque difícilmente comparable, ya que esta exigía para el acceso a las prestaciones haber cotizado un mínimo de cuatro años y en el caso alemán los comunitarios que trabajen seguirán el régimen general y podrán solicitar ayudas en caso de que sus ingresos no le garanticen la subsistencia, si bien y a diferencia de los alemanes, establece un periodo mínimo de cotización para, una vez en el paro, mantener la ayuda prácticamente de por vida.
No hay datos sobre el número de residentes comunitarios que se verán afectados por la ley Nahles, pero ésta asegura que serán pocos, pues el objetivo no es tanto aliviar el sistema como prevenir cargas que lastren las finanzas de los municipios, a los que corresponde principalmente abonar las prestaciones.
Según la Agencia Federal de Empleo en la actualidad hay más de 1,5 millones de extranjeros que perciben ayudas sociales en Alemania, de los que unos 440.000 son comunitarios y entre ellos cerca de 17.000 españoles.
El principal grupo, con algo más de 92.000 integrantes, lo componen los polacos, seguidos de italianos (71.000), búlgaros (70.000), rumanos (57.000) y griegos (46.000). Los españoles son los sextos. Las estadísticas, sin embargo, no diferencian entre aquellos que perciben ayudas para completar salarios muy bajos o por derecho de residencia, es decir entre quienes cotizan y no lo hicieron nunca.
Lo que si señalan las estadísticas es que la mayor parte de los beneficiarios comunitarios proceden del Este, lo que, sumado a las cifras de Caritas hace prever que ellos serán los más afectados por la nueva ley. El 10% de las casi 335.00 personas sin techo que se calculaba vivían en Alemania en 2014 eran comunitarios, en su inmensa mayoría rumanos, búlgaros y polacos.
Sólo en Frankfurt, el 40% de los usuarios del servicio médico ambulante de Caritas son comunitarios del Este y del Este procedían el 60% de los ciudadanos que solicitaron ayudas a la vivienda en Hamburgo en 2015
"Cortar las ayudas sociales no frenará la inmigración sino que hará engordar las bolsas de pobreza y el número de gente viviendo en las calles", afirma el diputado del partido La Izquierda, Alexander Ulrich, para quien la reforma Nahles es "populismo a costa de los débiles".
El blindaje del sistema social en marcha responde fundamentalmente a una demanda de las administraciones locales, lastradas por la crisis de los refugiados y temerosas de que las elevadas tasas de desempleo en la UE disparen, a su costa, el turismo del bienestar.
Las demandas adquirieron tintes de revuelta después de que el Tribunal Federal de Asuntos Sociales resolviera el pasado mes de diciembre el caso de una ciudadana búlgara a la que se reconocía el derecho a recibir ayuda social no contributiva tras seis meses de residencia.
La sentencia se ajustaba a la legislación alemana, pero omitía otra anterior del Tribunal de Justicia de la UE, según la cual un Estado miembro puede excluir de ciertas prestaciones a ciudadanos recién llegados al país que no ejerzan una actividad económica o busquen activamente trabajo. Ahí es donde se ha agarrado Nahles para impulsar la reforma, y Merkel para apoyarla.
Y es que según la canciller, la libre circulación en la UE se puso en marcha para impulsar la dinamización económica facilitando la circulación de trabajadores, inversiones y mercancías y no para que los ciudadanos cambiasen de país con la intención de obtener mayores beneficios sociales.
"Para quienes nunca hayan trabajado aquí y dependan para subsistir de la ayuda financiera del Estado rige un principio: deben pedir esas prestaciones en sus países de origen", subrayó Nahles y agregó que "con el proyecto de ley logramos seguridad jurídica. Queda claro que sólo quien trabaja y paga sus impuestos tiene legítimo derecho a las ayudas de nuestro sistema social".
Para quienes no cumplan los requisitos, la ley garantiza a los ciudadanos comunitarios el pago de una mensualidad única para cubrir necesidades básicas y un préstamo para financiar el retorno a su país.
Fonte: El mundo
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